Violencia institucional

Algo novedoso…

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¿Escuchaste hablar sobre violencia institucional? En la actualidad encontramos casos en los que se reconoce el actuar con violencia de los funcionarios públicos pertenecientes al ámbito administrativo y judicial, en principio. Esto significa que existe un hecho violento provocado por quienes pertenecen a las instituciones públicas de nuestro país.

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Administrativo: Se refiere a casos de detención ilegal de personas por parte de la policía, controles y tanteos hacia tu persona por parte de un personal no autorizado por ley, falta de respeto y abuso de autoridad, entre otras cuestiones.

También entendemos que comprende casos en los que se naturalizan hechos presentes de violencia cuando se hace una denuncia, no se escucha activamente, no se presta atención a los detalles, existen malos tratos hacia la persona que se acerca a pedir ayuda. Consideramos que esto también es parte de la violencia institucional, sobre todo, por el enorme esfuerzo que hace una persona en tomar la decisión de concurrir a comisaría cuando corresponde y que no es realmente valorado.

Sabemos que el trabajo de la policía debe ser de acompañamiento, dedicación y seguridad. Debemos promover ese sentimiento de apoyo… y no de miedo, angustia, depresión.

Te contamos que en los controles o revisión donde la policía palpa el cuerpo de una persona para descubrir si lleva o no algo relacionado con la comisión de un delito, solo está autorizado a hacerlo un funcionario de tu mismo género.

Por otro lado, en los controles de auto donde el personal policial se encuentra realizando operativos rutinarios, podrán revisar tu vehículo.

Además, incluye también a otros funcionarios administrativos como los que integran los ministerios o las direcciones y secretarías en la ciudad.

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Judicial: También se refiere a las irregularidades judiciales, de acción u omisión, por parte de auxiliares de justicia, jueces, magistrados y otros.

En este sentido, casos en los que se demora injustificadamente el dictado de alguna resolución o disposición de medidas restrictivas, o se tarda en fijar audiencias o tratar personalmente con la víctima, o no se brinda suficiente seguridad y protección como la ley lo contempla, entre otras cuestiones.

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